Texto e imagen: Alicia Arias

León, Gto. Ante la posible colusión y encubrimiento de la fiscalía local, abogados, familiares de personas asesinadas e integrantes de la organización civil Plataforma por la Paz y la Justicia en Guanajuato piden a la Fiscalía General de la República (FGR) que atraiga las investigaciones sobre los asesinatos de Jorge González Topete y Leonardo Reyes Cayente.

Las investigaciones que realiza desde hace años la Fiscalía General del Estado de Guanajuato (FGEG) sobre la muerte del alto funcionario bancario, Jorge González, y el joven migrante Leonardo Reyes, están llenas de omisiones y encubrimientos, denunciaron los abogados de los deudos.

Por lo anterior, piden al gobierno federal que intervenga y atraiga los casos, toda vez que el Código de Procedimientos Penales establece que si una fiscalía estatal participa directamente en actos que pueden presumir violaciones graves a derechos humanos y se duda de la imparcialidad, es la FGR la que debe investigar ese tipo de delitos y observar si tiene alguna participación en ellos, explicó José Raymundo Sandoval Bautista, representante de Plataforma por la Paz y la Justicia en Guanajuato y consejero de la Comisión Estatal de Atención Integral a Víctimas.

El llamado es para que la fiscalía federal investigue ambos asesinatos que están bajo investigación de la fiscalía estatal, cuyo titular es Carlos Zamarripa Aguirre, toda vez que existe la presunción de prácticas de colusión y/o de encubrimiento de parte de las autoridades estatales.

Además, “exigimos al gobernador de Guanajuato –Diego Sinhue Rodríguez Vallejo- que revise esta imposición del fiscal y que, a tres años de este proceso de ratificación, revise la permanencia del fiscal ante este tipo de prácticas y situaciones”, expresó Raymundo Sandoval.

Caso de Jorge González

Jorge González Topete era  director divisional del banco Banamex y el 19 de noviembre de 2015 salió de su casa prometiendo regresar a comer, pero nunca volvió y al día siguiente lo encontraron muerto en un hotel.

La versión de la fiscalía del estado es que Jorge se suicidó porque había cometido un fraude millonario, pero el banco nunca informó a Laura Elena Día Infante González que su esposo hubiera cometido tal delito.

A Laura  nunca le han parecido lógicas las explicaciones de la fiscalía, quien, incluso, hizo que un sobrino de Jorge, de apenas 20 años de edad, firmara la autorización para incinerar el cuerpo lo antes posible.

De acuerdo a la versión de la fiscalía, Jorge se encerró en un cuarto de hotel, estaba solo y puso el seguro de la puerta que tienen en los hoteles y que se le conoce como “palomita”, es decir, que nadie podía entrar. Ahí se  envenenó con una estopa impregnada de thinner y después mezcló raticida y pesticida y se lo tomó.

Pero, tres años después de la muerte de su esposo, Laura ganó el procedimiento para hacer válido el seguro de vida al que tenía derecho y el cual, no podría ser cobrado si una de las causas de muerte era el envenenamiento. Con esto, la versión de la fiscalía queda desmentida.

Con el seguro de vida Laura pudo contratar peritos externos a la fiscalía, quienes demostraron que Jorge no se suicidó y a quienes la fiscalía negó la averiguación previa bajo el argumento de que había desaparecido. Los abogados de Laura tuvieron que acudir a la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato a interponer una queja y, entonces, apareció el expediente.

La fiscalía también se negó a investigar las llamadas que entraron y salieron del teléfono de Jorge el día que falleció, pero los abogados interpusieron un amparo que les fue concedido después de año y medio, cuando la información estaba a punto desaparecer; aún así, lo peritos contratados por Laura demostraron todo lo que no se había realizado, como el hecho de que salió una llamada del teléfono de Jorge cuando supuestamente él ya estaba muerto.

También le demostraron a la fiscalía que Jorge no estaba solo y que había tres personas más en la habitación, probabron que donde la fiscalía dice que había un closet en realidad era una puerta de acceso al cuarto de al lado.

“Están revictimizando a Laura y a sus hijas”, denunció su abogado y actual pareja, José de Jesús Ortega de la Peña, en una conferencia de prensa ofrecida esta mañana, en la que señaló que las autoridades que, por ley, están para ayudar “realmente obstaculizan, realmente entorpecen, realmente quieren que no se haga nada. ¿Cuál es la razón? No la sabemos pero los hechos están claros: no han hecho nada”.

Con las pruebas periciales quedó demostrado que Jorge no se suicidó, que hubo una serie maquinaciones y movimiento en los cuales a Jorge se le privó de la vida de una forma ilegal, por lo que Laura llevó el caso ante un juez solicitando se revocara la determinación de no ejercicio de la acción penal y el juez ordenó a la fiscalía investigar lo que realmente pasó; pero no lo ha hecho, por tanto, Laura decidió demandar hace dos años la reparación integral del daño que le ha causado la fiscalía; sin ebargo, el caso lo lleva la propia fiscalía y una persona subalterna del fiscal Carlos Zamarripa Aguirre, es quien va a juzgar a su propio jefe porque así está establecido en el sistema mexicano.

“Ahora la fiscalía es la contraparte y parece que están protegiendo a quien lo hizo (…) Queremos saber la verdad, lo que realmente pasó (…) Por qué la fiscalía no quiere encontrar culpables, por qué no quiere una reparación integral y moral del daño”, cuestionó el abogado Ortega de la Peña al señalar que la “fiscalía no solo no ayuda sino que entorpece”.

Caso Leonardo Reyes Cayente

El 12 de diciembre de 2018 el joven Leonardo Reyes Cayente fue asesinado por elementos de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado (FSPE) cuando salió a la carretera a hablar por teléfono con su novia que se encontraba en Estados Unidos, ya que en su casa, ubicada en la comunidad de Corralejo de Abajo, municipio de San Miguel de Allende, no había señal.

Leonardo tenía 23 años y el nueve de diciembre había llegado a San Miguel de Allende junto con su padre y madre para visitar a la familia, ya que vivían en Estados Unidos.

Era la una de la mañana cuando Leo salió en su camioneta para buscar señal a la orilla de la carretera y poder hablar con su novia, pero ya no regresó porque le arrebató la vida.

Mientras Leonardo estaba en la carretera, su tío, que vive en la misma comunidad, escuchó disparos de armas de fuego y fue a la casa de Leonardo para ver si todo estaba bien porque vio que policías disparaban a una camioneta que estaba sobre el camino de terracería que conecta la comunidad con la carretera a Guanajuato.

Familiares de Leonardo, cinco en total, fueron a ver qué estaba sucediendo y, al escuchar los balazos se escondieron tras unas ramas desde donde pudieron ver la camioneta de Leonardo, estaba estacionada , apagada y con las luces encendidas. Atrás había una camioneta de las FSPE.

Mientras estaban ahí, escucharon los disparos y la voz de una mujer y varios hombres que hacían comentarios como: “tú tírale, el chiste es que le quede pólvora”, “pinche Reyes”, “esta madre ya se trabó”, pero no entendían lo que estaba pasando.

Al día siguiente, cuando los familiares acudieron la fiscalía en compañía de sus abogados para saber lo que había ocurrido vieron que había muchas patrullas de las FSPE, y el jefe de homicidios les dijo que Leonardo había fallecido y que el “asunto está muy claro” porque los policías se defendieron al ser atacados por Leonardo y otros dos jóvenes que, por ciento, nunca se supo quiénes fueron, comentó el abogado Juan José Padierna quien ha llevado el caso desde el inicio.

Los abogados ofrecieron llevar a los cinco testigos pero el jefe de homicidios respondió que no lo hicieran en ese momento porque estaba ocupado y les dijo que fueran al lugar de los hechos. “Y ahí nos dimos cuenta de las inconsistencias porque la camioneta involucrada de los policías era conducida por un policía, cuando es un indicio y debía ser trasladada con cadena de custodia”, explicó el abogado.

“Nos ha tocado la revictimización junto con la familia”, señaló, al mencionar parte de las fallas que han encontrado a lo largo de proceso de investigación a cargo de la fiscalía del estado.

También  a ellos se les negaba el acceso a la carpeta de investigación y tuvieron que hacer una audiencia y manifestaciones para tener acceso a ella. Cuando pudieron ver el contenido de la averiguación previa supieron que entre los policías involucrados en el asesinato de Leonardo había una mujer policía, que un policía se llama Reyes y que, entre los indicios, se encontró un arma casquillada (trabada) en las manos de Leonardo. Era el arma que el día de los hechos se atoró y sobre la cual uno de los policías comentó: “esta madre ya se trabó”.

Leonardo fue encontrado muerto recostado sobre el volante, tenía un disparo en la espalda, pero “toda esa escena fue manipulada” y crearon la “teoría de la defensa”, por eso la fiscalía desestimó la versión de los cinco testigos argumentado que eran familiares y que los habían aleccionado, por tanto, no tomarían en cuenta sus dichos, narró el abogado.

“Hay muchas fallas en la investigación”, asegura, pues tan solo en la necropsia Leonardo tiene varios golpes, uno de ellos en la cabeza, con sangre; pero en la averiguación previa no se consigna. Los policías estatales dijeron haber econtrado 15 casquillos percutidos nada más, pero familiares de Leonardo econtraron otros 15 y todos de armas R-15.

Además, a Leonardo se le violó el derecho humano a la vida porque murió desangrado, y si los policías hubieran llamado a un cuerpo de auxilio tal vez hubiera vivido, “pero no lo hicieron porque no querían testigos”, expresó Juan José Padierna.

Según la fiscalía, desde la camioneta de Leonardo tres personas comenzaron a disparar de la nada a los policías, luego chocó la camioneta y dos personas salieron corriendo, que Leonardo se quedó adentro y ellos nunca lo tocaron, que los hechos sucedieron a las 03:00 de la mañana cuando en realidad fueron a la 01:00 de la mañana.

Por lo anterior, de acuerdo a la ley de la Fiscalía General de la República (FGR) en materia de derechos humanos es posible que atraiga el caso porque se violó el derecho humano a la vida, y la defensa ya recurrió al amparo para que la FGR revise la actuación de la fiscalía estatal.

Incumple la fiscalía de Guanajuato

En dos años, familiares de personas desaparecidas en el estado de Guanajuato han conformado un movimiento de 15 colectivos que agrupa a cerca de 600 familias que han perdido a un ser querido y, en su activismo, han tenido comunicación con víctimas de homicidio doloso y ejecución extrajudicial y tienen el interés de generar un movimiento amplio de víctimas en el estado que abarque no solo a víctimas indirectas de desaparición, sino otros casos también.

Por ejemplo, los casos de Jorge y Leonardo serán expuestos al Comité de las Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada (CED, por sus siglas en inglés) en la visita que hará el próximo lunes a la capital del estado.

Son dos casos para tener comunicación con el relator del CED sobre independencia de jueces y abogados para que conozca de la impunidad porque, “aunque el fiscal habla de que no hay impunidad, en desaparición forzada no hay una sola sentencia”, señaló José Raymundo Sandoval Bautista.

Además, dijo que hay casos en los que hay involucramiento y manipulación  de los expedientes por parte de la fiscalía. Son situaciones generales donde las autoridades han incumplido sus responsabilidades internacionales.

En el estado hay 200 casos de masacres y de eventos que pueden ser considerados y calificados, a la luz del derecho internacional, como delitos de lesa humanidad. ”Guanajuato  vive su peor crisis de violencia”, destacó Raymundo Sandoval.

Como se recordará, en agosto de este 2021 la misma fiscalía consignó al jefe de la Unidad de Investigación de Homicidios de la Región D, en San Miguel de Allende, de nombre Antonio Lozano González, por el delito de peculado. El ex funcionario  estatal vendía automóviles que incautaba y presuntamente entregaba a la delincuencia organizada, Con esto se pueden presumir nexos de algunos funcionarios de la fiscalía con la delincuencia organizada.

“Tenemos información de víctimas indirectas de delitos de desaparición en varias regiones del estado que hablan de vinculación o participación de fiscalías regionales en actos de desaparición”, comentó el consejero de la Comisión Estatal de Atención Integral a Víctimas.

Agregó que existe un reporte de que en el cerro de la comunidad Los Prietos, en Salamanca, integrantes de la fiscalía participan en prácticas que se podrían considerar de desaparición forzada y deben ser denunciadas porque es la  fiscalía quien debe investigar pero se investiga a sí misma.

La fiscalía del estado ha sido omisa en la supervisión y eventual atracción de casos y los colectivos han solicitado, en más de una ocasión, que la FGR atraiga los casos, concluyó Raymundo Sandoval.