Por Redacción
Foto: Alicia Arias
Ciudad de México. Hoy, cuando se celebra el Día Mundial del Agua, la ONU sostiene “ni siquiera la escasez de recursos financieros debe justificar que los más empobrecidos no tengan acceso al agua potable”.
En su declaración con motivo de la celebración, el relator especial sobre los derechos humanos al agua potable y al saneamiento de la Organización de Naciones Unidas (ONU),
Pedro Arrojo, emitió el documento titulado “Reflexiones y propuestas éticas en gestión de aguas desde un enfoque de derechos humanos”.
Millones de personas sin agua potable
En el documento destaca el Día Mundial del Agua es una fecha para reflexionar sobre los 2.200 millones de personas que viven sin acceso al agua potable. Este año, el tema del Día Mundial del Agua 2021 es “valorar el agua”, el lema #water2me y la pregunta guía, “¿qué significa el agua para ti?”.
Los valores del agua van más allá de su valor económico y, desde la perspectiva de los derechos humanos, abarcan dimensiones sociales, culturales y medioambientales que quieren especial atención cuando se piensa en la salud pública y cuando se observa la profunda relación entre el agua y la naturaleza.
La reflexión sobre el valor del agua se da en un contexto caracterizado por la confluencia de dos escenarios muy importantes. Por un lado, la crisis sin precedentes que vive el mundo en medio de la pandemia de la COVID19 porque el virus no discrimina a las personas y todo el mundo necesita suficiente agua y productos de higiene para prevenir la infección. Por otro lado, crecen las presiones para desplazar el valor del agua como bien público para considerarla como una simple mercancía, sujeta a la especulación financiera en los mercados de futuros.
El relator Pedro Arroyo destaca en su declaración que es necesario distinguir niveles éticos entre los distintos usos del agua: agua para la vida, agua de interés público, agua para la economía y agua delito.
El agua para la vida se refiere a los usos y funciones del agua que son necesarios para sustentar la vida en general y, en particular, la salud y la dignidad de las personas, tanto individual como colectiva. Este uso del agua debe gestionarse con un nivel de prioridad máximo.
En este nivel, el mínimo vital necesario para mantener la vida y la dignidad de las personas debe garantizarse, ante todo, como un derecho humano. Incluso en los casos en los que no puedan ofrecerse servicios de agua y saneamiento, debe garantizarse, cuando menos, la fuente pública de agua potable a menos de 100 metros del hogar, en cuyo caso la Organización Mundial de la Salud (OMS) (2003) estima en unos 50 litros/persona/día este mínimo vital.
“Ningún río o acuífero se va a secar porque extraigamos el agua necesaria para satisfacer los derechos humanos al agua potable y al saneamiento. Por tanto, no se puede justificar que nadie en el mundo tenga dificultades para disfrutar de estos derechos humanos bajo ‘argumentos de escasez’, si asumimos el principio de prioridad ética que debe aplicarse”, se menciona en la declaración
Ni siquiera la escasez de recursos financieros debe justificar que los más empobrecidos no tengan acceso al agua potable.
El agua para la vida también debe incluir el agua necesaria, en cantidad y calidad para preservar la salud de los ríos y de los ecosistemas acuáticos, un reto del que depende en gran medida el acceso efectivo al agua potable para los más empobrecidos, así como la pesca, base proteica de la dieta de muchas comunidades en situación de vulnerabilidad.
El agua para la vida se refiere a los usos y funciones del agua que son necesarios para sustentar la vida en general y, en particular, la salud y la dignidad de las personas, tanto individual como colectiva. Este uso del agua debe gestionarse con un nivel de prioridad máximo.
En este nivel se tienen los servicios domésticos de agua y saneamiento, que suponen alrededor del 10 por ciento del agua extraída de la naturaleza, como media mundial.
Hoy en día, estos servicios domésticos de agua y saneamiento, además de cubrir los servicios básicos ofrecen niveles de bienestar que deberían alcanzar a todos los vecinos sobre la base de cumplir los correspondientes deberes.
El pago de tarifas sería, por ejemplo, uno de estos deberes, aunque bajo criterios sociales que garanticen la asequibilidad de estos servicios para todos. Un sistema de tarifas por bloques de consumo a precios crecientes debería establecer un coste muy bajo para el primer bloque, que sería incluso gratuito para las familias que viven en la pobreza, como mínimo vital y como derecho humano; el costo del segundo bloque podría recuperar costos; y los bloques más altos deberían encarecerse considerablemente para generar una subvención cruzada de los usos suntuarios a los básicos.
En este espacio también deben considerarse los usos y actividades productivas de interés público, como las generadas por los pequeños y medianos agricultores y ganaderos. Actividades productivas que preservan el tejido social en muchas zonas rurales, además de generar múltiples servicios socio-ambientales que la lógica del mercado no suele reconocer ni valorar, pero que son de interés general para el conjunto de la sociedad.
El agua para la economía se refiere al agua usada en actividades productivas que generan beneficios e ingresos para quienes las realizan; usos amparados en el legítimo derecho a mejorar el nivel de vida y riqueza a través de actividades laborales e iniciativas empresariales.
“Sin duda, son este tipo de actividades las que generan mayor demanda de agua y las que producen mayores riesgos e impactos por vertidos contaminantes. Actividades y demandas que, en todo caso, deberían ser gestionadas desde un tercer nivel de prioridad y bajo el estricto principio de recuperación de costos, sin subvenciones directas o cruzadas, sobre la base de los beneficios generados por estas actividades. Desgraciadamente, el poder económico, a menudo con la complicidad del poder político, acaba obteniendo prioridad e, incluso, subvenciones públicas para este tipo de usos, poniendo en riesgo la salud pública, minando la sostenibilidad de los ecosistemas y sacrificando los derechos humanos”, se señala en la declaración “Reflexiones y propuestas éticas en gestión de aguas desde un enfoque de derechos humanos”.
El “agua delito” se refiere a usos en actividades ilegítimas que generan impactos inaceptables, por extracciones abusivas o vertidos de sustancias peligrosas, que ponen en peligro la salud pública y la sostenibilidad de los ecosistemas, afectando gravemente a la potabilidad, disponibilidad y accesibilidad del agua y, por tanto a los derechos humanos al agua potable y al saneamiento. Usos y actividades productivas que, en la medida en que son ilegítimos, deben ser ilegales y estar rigurosamente prohibidos, destaca Pedro Arrojo.
“En todos estos niveles, aunque siempre estemos hablando de agua, hay que establecer prioridades, clarificar objetivos y promover criterios de gestión adecuados. Estamos hablando de principios y criterios éticos que deben sustentar una respuesta democrática al reto de asegurar una gestión sostenible y justa del agua, basada en la prioridad de garantizar los derechos humanos al agua potable y al saneamiento, así como la sostenibilidad y la salud de los ecosistemas acuáticos y de la vida en este mundo”, concluye el relator de la ONU.
