Texto e imagen: Carolina Esqueda

 León, Gto.  En los días previos a su traslado al módulo de desbaste en la planta tratadora de aguas residuales de SAPAL, José Salvador Afanador Martínez tenía miedo por su seguridad, pues sabía que el área de trabajo era de alto riesgo.

El 13 de noviembre a las 8:00 de la noche, junto a sus compañeros Alberto Jesús Silva Zúñiga, Omar Ignacio Martínez Flores, Juan Antonio Méndez Rivera y su supervisor de turno, Víctor Ricardo Briseño Rangel, su pesadilla se cumplió.

“Mi esposo estaba en la planta de León 1 y, como no tenían nada que hacer, iban a mandarlo a la planta municipal. Ahí mandaron a 2 muchachos, y me dijo a mí que él tenía mucho miedo porque se hablaba de muertes anteriores en esa planta, y yo lo único que le dije fue que se cuidara… y pues le tocó a él”, narró Milagros, su joven viuda.

Los familiares de José Salvador y Alberto Jesús se sumaron a los de Víctor Ricardo, que en diciembre ya se habían pronunciado al respecto, en una rueda de prensa para denunciar el destrato que han recibido por parte de los altos directivos del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León (SAPAL), además de los errores sistemáticos cometidos por el Ministerio Público en las investigaciones para determinar si hubo negligencia en esas muertes.

Acompañados por integrantes de Acción Colectiva Socioambiental, que desde agosto denunció públicamente al SAPAL por permitir que a la planta ingresara agua de menor calidad proveniente de la industria curtidora, las familias señalaron a la paramunicipal como la principal responsable de haber permitido que personas sin capacitación, equipo de seguridad ni protocolos en caso de accidentes, trabajara en una planta visiblemente deteriorada, que 5 días antes del accidente ya presentaba fugas de ácido sulfhídrico, la sustancia que sospechan, mató a 5 de sus empleados esa noche.

Ministerio Público sin interés en el caso

Víctor Briseño, quien en diciembre fue el primero en denunciar públicamente las negligencias captadas por su hijo en la planta, señaló que por parte del Ministerio Público no ha habido ningún interés en esclarecer su muerte.

Mientras que el dictamen forense preliminar estableció solamente “intoxicación por causas no determinadas” con el correr de las semanas les quedó claro que no había intención de hacer los peritajes que arrojarían la verdad.

A ninguno de los 5 cadáveres se les hicieron muestras de tejidos ni fueron debidamente preservados, mientras que la ropa que Víctor Ricardo vestía les fue devuelta sin hacerle ninguna prueba. Además, los agentes investigadores nunca acudieron al sitio del desastre para fotografiar el estado de la planta, que habría acreditado las condiciones inseguras en las que trabajaban.

“Mi hijo tenía 5 días reclamándoles que había fugas de ácido sulfhídrico, que las tuberías estaban a punto de romperse, que había que cerrar válvulas… y ellos mandaron a personas externas a hacer mantenimiento sin guantes ni nada de protección. Mi hijo les dijo que no podían trabajar así. Mandaron a otras personas a soldar tubos y estaban en tan mal estado que mi hijo tomó videos y les dijo: señores, quieren soldar y se cae a pedazos la soldadura. Hay que cerrar válvulas, es ácido lo que se está fugando… Hasta el día de hoy no se ha abierto el celular de mi hijo con toda la evidencia que tenía”, señaló Víctor Briseño.

Con engaños

Desde la noche del accidente el área jurídica del SAPAL trató de deslindarse de toda responsabilidad, haciendo firmar a las familias, a las 4 de la madrugada, un documento donde aceptaban que lo ocurrido había sido un accidente y no tenían intenciones de demandar penalmente a la paramunicipal, mientras les hacían creer que era una autorización para entregar los cuerpos a las funerarias.

“Cuando me di cuenta, después de haber firmado, le rayé y les dije ¿yo cuándo les dije esto? Nosotros pensando que era para la entrega de los cuerpos, para que la funeraria se haga cargo. Todavía me dicen que tengo 10 años para demandar cuando quiera (…) y cuando pasan meses y vas y reclamas, me echan en la cara ¿Qué quiere señor? si usted dijo que no iba a demandar? Todos firmaron ¿Por qué están dando lata, qué es lo que quieren?”, relató Víctor Briseño sobre esa noche.

Milagros, por su parte, narró que el apriete para ella vino a los 22 días, cuando la licenciada Irma Lira le pidió firmar el finiquito de José Salvador por 50 mil 900 pesos.

“Íbamos a ver lo de un seguro de vida, porque en el seguro de vida solamente decía intoxicación a determinar. Ese día me acompañó el licenciado Juan y en ese momento me sacan la hoja del finiquito, diciéndome que si yo firmaba eso no me hacía perder el derecho de meter una demanda. Entonces, la licenciada Irma Lira me dice de una manera déspota que yo lo único que quería era dinero. ¿Dime cuánto quieres, para ti qué es lo justo? y yo le dije que lo justo era que me lo regresara a él.

“Ellos se están burlando del dolor que sentimos, no saben lo que uno siente y me da coraje que se burlen de nosotros. No me importa a dónde vayamos a llegar, yo quiero justicia, me quitaron a mi esposo”, contó con la voz quebrada por el llanto.

Alberto Silva, el padre de Alberto Jesús de apenas 19 años de edad, que duró 54 días trabajando en el módulo de desbaste, contó que el joven fue contratado sin contar con ningún tipo de capacitación en manejo de residuos químicos peligrosos ni equipo de protección.

“Se me hizo injusto la forma en que lo metieron ahí a trabajar. Yo tuve una experiencia con una fábrica donde se manejaban residuos químicos. Nunca pude entrar, me pedían un certificado en manejo de residuos y mi hijo con el puro certificado de secundaria se metió a laborar con materiales químicos en la planta trabajadora.

“Yo me considero que tengo un poquito más de cabeza que el señor Enrique de Haro –director de SAPAL- Si él sabía que iban a arrebatar la planta de Ecosys III, yo me hubiera quedado con esa misma gente para que siguiera laborando en la planta, y no hubiera metido chavos que no tienen la capacitación”, relató.

Que intervengan autoridades federales y el Ayuntamiento de León

En su lucha por acceder a la justicia, las familias Briseño Rangel, Silva Zúñiga y Afanador Martínez, asesoradas por los abogados de Acción Colectiva, pidieron la intervención de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y de la Comisión Nacional del Agua.

Los Briseño Rangel, además, desde diciembre solicitaron una revisión exhaustiva de la planta de tratamiento por parte de la Secretaría Federal del Trabajo, que resultó en una auditoría con 150 irregularidades detectadas entre las que destacaron falta de análisis de calidad del agua a tratar, ausencia de sistemas de anclaje para la limpieza de los tanques, así como falta de equipos de seguridad para trabajar en áreas con residuos peligrosos, tampoco capacitaciones al personal en planta, ni protocolos de actuación en caso de accidentes o fugas. El SAPAL ni siquiera contaba con un análisis de riesgo desde que tomó la posesión de la planta, ni tampoco designó a una Comisión de Seguridad e Higiene para atender cualquier eventualidad en el lugar.

Por su parte, Gustavo Lozano Guerrero, uno de los litigantes de Acción Colectiva, lanzó un exhorto al Ayuntamiento de León para exigir el esclarecimiento del caso, del que se espera, se finquen responsabilidades administrativas, civiles y penales contra los implicados.

“Hay diferentes niveles de responsabilidad en todos (…) No creemos que sea una única persona la responsable de todo lo que ha venido ocurriendo, porque el incidente es mucho más complejo que una fuga de agua. Parte de lo que estamos planteando tiene que ver con que la fuga de ácido sulfhídrico, es una consecuencia de una serie de errores, de toma de decisiones previas, de imprudencias, omisiones de mucha gente que ha transitado por el SAPAL. Como bien decía ECOSYS desde su comunicado de 2014, no se logró ordenar a los curtidores.

“Nos parece importante que el Ministerio Público sea capaz de distinguir las responsabilidades penales que encuentre en sus investigaciones, por eso le apuramos a que haga su trabajo como corresponda, pero, por otro lado, apelamos también ante el ayuntamiento. Tienen que dejar de respaldar sistemática e incondicionalmente las acciones del consejo directivo del SAPAL, que es lo que han venido haciendo desde siempre, para indagar en el fondo del asunto y en la toma de decisiones en espacios ciudadanizados”, puntualizó.