Propone Morena prohibir venta de comida chatarra a menores de edad

Por Uriel Cázares

Guanajuato, Gto.- Este jueves el Grupo Parlamentario de Morena presentó una iniciativa que busca prohibir la distribución y suministro de productos ultraprocesados y con alto nivel calórico a menores de edad, a excepción de su madre, su padre o tutores legales o menores de edad bajo su tutela, dijo la diputada María Magdalena Rosales Cruz, coordinadora del grupo.

Lo que se propone es incluir en la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Guanajuato, el Derecho a una alimentación saludable.

En concreto, de aprobarse esta iniciativa se prohibiría la venta de bebidas azucaradas y alimentos envasados de alto contenido calórico a menores de edad:

  1. En instituciones educativas públicas y privadas de educación básica y media superior,
  2. Mediante distribuidores automáticos o máquinas expendedoras.
  • En todo tipo de establecimientos mercantiles

Las infracciones a lo establecido en el presente artículo serán sancionadas como delitos contra la salud.

La iniciativa también obligaría a que los poderes ejecutivos estatal y municipal desarrollen programas de educación alimentaria y mejoramiento nutricional para las niñas, niños y adolescente en la etapa inicial preescolar, primaria, secundaria y media superior.

Morena busca con lo anterior mejorar la salud de niñas, niños y adolescentes, la calidad de vida y eliminar las comorbilidades que nos vuelven vulnerables a padecimientos letales como el Covid-19.

Siendo estas consecuencias por la ingesta de productos ultraprocesados y con alto nivel calórico, la diabetes, la hipertensión, la adicción a sabores intensos, problemas emocionales, anemia, obesidad, problemas de sueño, así como agotamiento físico y mental.

De aprobarse esta iniciativa, este derecho será el eje de la política pública de seguridad alimentaria del estado; y la desnutrición y la obesidad entre niñas, niños y adolescentes son asuntos de salud pública en el estado.

La propuesta fue enviada a la Comisión de Derechos Humanos y Grupos Vulnerables para su análisis.

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