Por Redacción

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León, Gto. Adoptar un enfoque de derechos humanos para combatir la trata de personas, pide el titular de la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato (PDHEG), José Raúl Montero de Alba.

El enfoque que propone el ombudsperson a las autoridades debe incluir medidas de prevención, protección a víctimas y sobrevivientes, así como a los responsables del delito.

La propuesta del procurador estatal fue realizada durante el foro “La Trata de Personas: Responsabilidades de la sociedad y el Estado; Impactos y Principales Retos”, organizado por el Consejo Estatal de Participación Social para la Prevención, Atención y Erradicación de la Trata de Personas junto con la Secretaría de Gobierno del Estado de Guanajuato, a propósito del Día Internacional contra la Trata.

Montero de Alba dijo en su mensaje que la trata de personas representa una grave violación de los derechos humanos, puesto que entraña en sí misma, todos los supuestos de menoscabo de la dignidad humana.

Por su propia naturaleza, las víctimas de trata no tienen la visibilidad necesaria y “no podemos seguir inmóviles ante un delito que, como la esclavitud, vulnera los derechos de las personas”, expresó.

Por ello, el Estado debe visibilizar este delito, no solamente desde el enfoque penal sino también como un acto que atenta contra los derechos humanos más fundamentales como la libertad, seguridad e integridad.

Del año  2017 a la fecha la PDHEG ha capacitado a mil 344 personas y ha colaborado con otros organismos públicos de derechos humanos en la región para atender el tema.

La trata de personas se vincula con otros delitos

El procurador de derechos humanos insistió en que la trata de personas conlleva una actividad criminal altamente lucrativa y que, en la mayoría de los casos, se vincula con otras que son lesivas como el tráfico de migrantes, narcotráfico, lavado de dinero, entre otros.

“Es una conducta reprobable porque se basa en el abuso de la vulnerabilidad de una persona a través de la explotación sexual, la prostitución, el trabajo forzado, la servidumbre, la extracción de órganos, entre otros delitos”, explicó el funcionario estatal.

Por último, dijo que en México se cuenta con una ley federal y una ley estatal para proteger y dar asistencia a las víctimas de estos delitos a través de la reparación del daño, medidas de protección integrales y demás derechos que permiten atender de manera eficaz a las personas.