Por Redacción

León Gto. El presidente del Colegio Estatal de Abogados, Jorge Marcelino Trejo Ortiz, sentenció que, en definitiva, los índices van a la alza en inseguridad y no se ven resultados del secretario de Seguridad Pública, Alvar Cabeza de Vaca y del Fiscal General de Justicia, Carlos Zamarripa, por lo que deben ser relevados.

En los últimos años, Guanajuato ha permanecido en el primer lugar nacional en homicidios dolosos. De enero a mayo, se reportaron mil 903 asesinatos con violencia, es decir, 21.5 por ciento más a los registrados el año anterior: mil 493, esto según las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

En rueda de prensa, el líder de los abogados calificó como nulos los resultados en seguridad pública, después de la masacre registrada el primero de julio en el anexo “Recuperando mi Vida” en la colonia Arandas en Irapuato y dejó como saldo 27 personas sin vida y cuatro más lesionadas.

Aludió que se ha destinado año con año más recursos para la seguridad, pero estos no se ven reflejados en una baja de los hechos delictivos en Guanajuato.

“Yo creo que, si no son las personas que no están dando resultados, se debe de hacer algo. Si esto conlleva a que tengan que remover a los señores, pues se tiene que hacer”, puntualizó.

Marcelino Trejo expresó que se necesita respirar un ambiente de paz y normalidad en todos los negocios, después de la ola de extorsiones y ataques a negocios en municipios como Celaya, Irapuato y Salamanca.

Los diputados tienen una responsabilidad

“Lo que sí es una realidad y ustedes no me dejarán mentir, es que cuando se iba hacer el nombramiento o la propuesta del cargo a Fiscal, no había en Guanajuato una sola persona que quisiera que lo ratifican, pues todo el mundo, abiertamente lo decían, no lo quería. Otros, entre dientes decían ‘no lo quiero’, otros se metían al clóset”, dijo.

Trejo Ortiz agregó que al haber propuesto al entonces procurador de justicia para que se convirtiera en fiscal, automáticamente, el Congreso de Guanajuato, y constitucionalmente, carga una responsabilidad al haberlo ratificado.

Aseguró que tarde o temprano, “el gobierno federal puede ejercer la presión, incluso mínima, para hacer valer el estado de derecho”, acciones que conllevarían a remover a Carlos Zamarripa Aguirre de la fiscalía, sin mayor problema.