Por Redacción
Ginebra, Suiza. Líderes mundiales en la defensa de los derechos humanos piden a los gobiernos adoptar las medidas necesarias en materia de salud pública, para atender las necesidades de los prisioneros y de otras personas privadas de su libertad ante la pandemia por el COVID-19, tales como reducir el hacinamiento.
Este jueves realizaron una declaración conjunta los representantes de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), la Organización Mundial de la Salud (OMS), el programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/sida (ONUSIDA), y la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (ACNUDH).
Ghada Fathi Waly, Directora ejecutiva de la UNODC; Tedros Adhanom Ghebreyesus, Director general de la OMS; Winnie Byanyima, Directora ejecutiva de ONUSIDA; Michelle Bachelet, Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), expresaron lo siguiente:
“Nosotros, los líderes de las instituciones mundiales encargadas de velar por la salud, los derechos humanos y el desarrollo, aunamos nuestras fuerzas para llamar la atención de los gobiernos con respecto a la elevada vulnerabilidad a la pandemia de COVID-19 de los prisioneros y de otras personas privadas de su libertad”
Tras reconocer que el riesgo de que la COVID-19 se adentre en las cárceles y centros penitenciarios varía de un país, insisten en la urgencia con la que es necesario minimizar la presencia de la enfermedad en esos entornos.
Destacan que se debe garantizar la aplicación de las medidas preventivas necesarias, con el fin de asegurar un enfoque con perspectiva de género y evitar brotes mayores
Reducir el hacinamiento
“A la luz de la sobrepoblación observada en muchos centros de detención, la cual mina la higiene, la salud, la seguridad y la dignidad humana, se antoja insuficiente una sola respuesta sanitaria a la COVID-19 en estos entornos cerrados. Dicha sobrepoblación constituye un obstáculo insuperable de cara a la prevención, la preparación o la respuesta a la COVID-19.
Desde nuestras instituciones rogamos a los líderes políticos que consideren la privación de libertad, incluyéndose aquí la prisión preventiva, como un último recurso, especialmente en los casos en los que las prisiones están masificadas”.
Tomar medidas no privativas de a libertad
“Los animamos a todos a esforzarse por adoptar otras medidas no privativas de libertad. Estos esfuerzos deberían abarcar también mecanismos de liberación para las personas con mayor riesgo de contraer la COVID-19, como la gente mayor y los presos con enfermedades previas. Del mismo modo, proponemos liberar también a otras personas cuya libertad no comprometa la salud pública, por ejemplo, individuos condenados por delitos menores y no violentos, prestando una consideración especial hacia las mujeres y los niños”, señalan en su declaración los defensores mundiales de los derechos humanos.
Deben cerrar centros de rehabilitación en los Ceresos
“Se deberían cerrar los centros de detención obligatoria y rehabilitación, donde se mantienen detenidas a las personas sospechosas de consumir drogas o ejercer trabajos sexuales, sin el proceso debido, con la excusa de ofrecerles tratamiento o rehabilitación. No hay prueba alguna de que dichos centros sean efectivos para el tratamiento de la drogodependencia y la rehabilitación de las personas. Además, la detención de las personas en estos centros vulnera algunos de los aspectos relacionados con los derechos humanos y amenaza la salud de los detenidos, con lo que aumentan los riesgos de brotes de COVID-19”.
Garantizar la salud, la seguridad y la dignidad humana
En la declaración se pide a los Estados que garanticen no solo la seguridad, sino también la salud, el bienestar y la dignidad humana de las personas privadas de su libertad y de quienes trabajan en los centros de detención.
Entre la población en prisión hay una sobrerrepresentación de personas con trastornos por uso de sustancias, VIH, tuberculosis (TB) y hepatitis B y C, en comparación con la población general.
Es necesario, por tanto, reforzar las medidas de prevención y control en los ambientes cerrados, así como incrementar el acceso a los servicios sanitarios de calidad, incluyéndose aquí el acceso ininterrumpido a la prevención y el tratamiento del VIH, la TB, la hepatitis y la dependencia a opiáceos.
Respetar los derechos humanos
En sus respuestas a la COVID-19 en lugares cerrados, los Estados deben respetar los derechos humanos de las personas privadas de su libertad. Las restricciones que pudieran imponerse tienen que ser necesarias, estar fundamentadas en pruebas, resultar proporcionadas (es decir, ser la opción menos restrictiva), y no ser arbitrarias.
El impacto disruptivo de estas medidas debería mitigarse de forma activa, por ejemplo, mejorando el acceso a los teléfonos y las comunicaciones digitales cuando se limiten las visitas.
Adherirse a las reglas y las pautas de las Naciones Unidas
“Solicitamos a todos los líderes políticos que garanticen que la preparación y las respuestas a la COVID-19 en los entornos cerrados se identifiquen e implementen en línea con los derechos humanos fundamentales, que respeten las pautas y las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y que nunca consistan en torturar ni llevar a cabo ningún tipo de castigo o trato cruel, inhumano o degradante. En las cárceles, toda intervención debe respetar las Reglas mínimas de las Naciones Unidas para el tratamiento de los reclusos (las reglas Nelson Mandela)”, dice la declaración.
