Por Alicia Arias

León, Gto. La Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato (PDHEG) emitió 10 recomendaciones, dirigidas a dos funcionarios de primer nivel del Gobierno del Estado de Guanajuato, por violar el derecho a la vida y el acceso a la justicia del joven migrante, Leonardo Reyes Cayente, quien perdió la vida el 13 de diciembre de 2018 en un operativo de la policía estatal.

Elementos de las Fuerzas de Seguridad Púbica del Estado (FSPE), hicieron uso excesivo de la fuerza y no  prestaron atención médica inmediata a Leonardo y la Fiscalía General del Estado (FGE) violó el derecho de acceso a la justicia a familiares de la víctima; por ello se debe hacer una reparación integral del daño y agilizar la carpeta de investigación para determinar la responsabilidad de quienes participaron en los hechos.

Así lo determinó la PDHEG en los resultados de la investigación correspondiente al Expediente 83/18-D. El organismo defensor de los derechos humanos resolvió emitir recomendaciones a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Guanajuato (SSPE) y a la Fiscalía General del Estado (FGE), antes procuraduría, por violaciones a los derechos humanos del joven  migrante que falleció en un operativo de la policía estatal el 13 de diciembre de 2018, en el municipio de San Miguel de Allende.

Siete de las recomendaciones están dirigidas al secretario de seguridad pública del estado, Alvar Cabeza de Vaca Appendini; y tres al Fiscal General del Estado, Carlos Zamarripa Aguirre. Además, emite un Acuerdo de Vista para el secretario de gobierno, Luis Ernesto Ayala Torres.

Los hechos que dieron origen a la investigación ocurrieron la noche del 13 de diciembre de 2018, cuando elementos de las FSPE dispararon sus armas contra Leonardo Reyes cuando él se encontraba buscando señal telefónica para comunicarse con su novia. El joven tenía pocos días de haber regresado a su comunidad y fue acusado por los policías estatales de haber intentado atacarlos.

 

Que se repare el daño de manera integral

También emitió un Acuerdo de Vista a la Secretaría de Gobierno del Estado para que se reparen integralmente los daños ocasionados a los familiares directos de la víctima, conforme a derecho corresponda; y que incluyan las medidas de restitución, rehabilitación, compensación, satisfacción y garantía de no repetición, con motivo de las irregularidades en que incurrieron los elementos de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado (FSPE).

“Esta Procuraduría hace patente que no se opone a las acciones que las autoridades de los diversos ámbitos de gobierno lleven a cabo para garantizar la seguridad pública de las personas, ni rechaza el empleo de la fuerza cuando los cuerpos policiales enfrentan situaciones en las cuales la única opción es repeler una agresión real, actual e inminente en defensa de su integridad física o de otras personas y/o sus derechos. Sin embargo, tal circunstancia no los exime del respeto irrestricto a los derechos humanos y el cumplimiento de la legalidad”, señala la nota de prensa.

Para la PDHEG, los elementos que hicieron uso de las armas de fuego fueron omisos en aplicar las directrices complementarias de los principios básicos, como solicitar la presencia de cuerpos de auxilio para procurar atención médica a quien resultara con lesiones producto del empleo de la fuerza.

“El artículo 6 del Código de Conducta para Funcionarios encargados de hacer cumplir la ley señala que se debe asegurar la plena protección de la salud de las personas bajo su custodia”, argumenta la PDHEG.

Además, se incurrió en violación al derecho a la vida por parte de los elementos de la policía estatal por haber hecho uso de la fuerza empleando armas de fuego de cargo para repeler una agresión a sus personas, sin contar con la comprensión plena de las directrices y principios que enmarcan, conforme al estándar internacional, la protección del derecho a la vida y la seguridad de las personas, al carecer de la capacitación adecuada que les permitiera discernir cognitivamente el hecho en cuanto a los límites del uso de la fuerza, lo cual realizaron con exceso.

Elementos de las FSPE carecen de capacitación

“Este organismo concluye que los elementos carecen de capacitación para el uso de la fuerza y que al no estar debidamente instruidos, como quedó demostrado en este caso, se traduce que en el día de los hechos, hubo una ausencia de mecanismos que garantizaran eficiencia en el actuar policíaco y manejo de este evento, y por eso, se pone en duda el uso legítimo de la fuerza empleada con el joven migrante. La privación de la vida de la víctima derivó de un uso excesivo de la fuerza”, sostiene la procuraduría en su recomendación.

Es importante destacar que este organismo considera que dentro de la investigación en curso a cargo del Ministerio Público es donde se deben acreditar y sustentar en forma real los acontecimientos y determinar la existencia o no de un hecho que se configure como delito porque la protección a los derechos humanos no puede confundirse con la justicia penal.

Estas son las recomendaciones

Al Secretario de Seguridad Pública del Estado de Guanajuato, Alvar Cabeza de Vaca Appendini:

PRIMERA.- Se inicie procedimiento administrativo a José Reyes Ramos Murrieta, Blanca Esther Martínez Martínez, Carmen Rodrigo Vueno Rico, Julio César Hernández Guerra, Carlos Gilberto Rodríguez Luna y Julio César Pérez Grimaldo, elementos de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado, respecto de la Violación del Derecho a la Vida, de la cual se dolió Ma. Guadalupe Reyes Moreno, en agravio de su hijo Leonardo Reyes Cayente.

SEGUNDA.- Previo consentimiento, se brinde atención psicológica, psiquiátrica y/o tanatológica a los familiares directos de la víctima Leonardo Reyes Cayente, la cual deberá ser proporcionada por personal profesional especializado y prestarse de forma continua hasta que alcancen su total sanación física, psíquica y emocional, a través de atención adecuada a los padecimientos sufridos, atendiendo a su edad y sus especificidades de género.

Esta atención deberá brindarse no obstante el tiempo transcurrido a partir de que acontecieron los hechos, de forma inmediata y en un lugar accesible para las víctimas indirectas, con su consentimiento previo, brindando información clara y suficiente.

TERCERA.- Gire instrucciones al Comisario General de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado, a efecto de que se otorguen garantías efectivas de no repetición, por las violaciones a derechos humanos cometidas en agravio de quien en vida respondiera al nombre de Leonardo Reyes Cayente.

CUARTA.- Instruya a quien corresponda a efecto de que se diseñe e imparta un curso integral dirigido al personal de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado de Guanajuato, relacionado con la capacitación y formación en materia de derechos humanos, específicamente sobre los Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por los Funcionarios Encargado de Hacer Cumplir la Ley y el Código de Conducta para Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley, a fin de que su actuar se ajuste a la vigente Ley Nacional del Uso de la Fuerza y en apego al artículo 41 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y al artículo 58 de la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Guanajuato.

QUINTA.- Sean cual fueren las determinaciones de la Unidad de Asuntos Internos de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado respecto a la responsabilidad administrativa de José Reyes Ramos Murrieta, Blanca Esther Martínez Martínez, Carmen Rodrigo Vueno Rico, Julio César Hernández Guerra, Carlos Gilberto Rodríguez Luna y Julio César Pérez Grimaldo, se deberá anexar copia de ellas y de la presente Recomendación en sus expedientes laborales.

SEXTA.- Se designe a una persona servidora pública de alto nivel que fungirá como enlace con esta Procuraduría, para dar seguimiento al cumplimiento de la presente Recomendación, y en caso de ser sustituida, deberá notificarse oportunamente a este organismo estatal.

SÉPTIMA.- Se colabore debidamente en la integración de la carpeta de investigación 129198/2018 que se inició con motivo del deceso de Leonardo Reyes Cayente, a efecto de que se esclarezcan los hechos materia de la presente queja  y con ello se garantice el derecho humano al acceso a la justicia de los familiares directos de la víctima, para lo cual se requiere que se remitan a esta Procuraduría las constancias que acrediten dicha colaboración.

Al Fiscal General del Estado de Guanajuato, Carlos Zamarripa Aguirre:

PRIMERA.- Se inicie procedimiento administrativo a Juan Andrés Jaramillo Suárez y Ramona Álvarez Pérez, agentes del Ministerio Público de la Unidad Especializada en Investigación de Homicidios en San Miguel de Allende, Guanajuato, respecto de la Violación del Derecho al Acceso a la Justicia, de la cual se dolieron Ma. Guadalupe Reyes Moreno, María Remedios Sánchez Sánchez y José Renato Cayente Moreno, a quienes no se les garantizó los derechos que les asisten en su condición de víctimas del delito en términos de lo dispuesto por la Ley General de Víctimas.

SEGUNDA.- Se instruya a quien corresponda a efecto de que se continúe con la práctica de diligencias de investigación inicial que sean legal y materialmente necesarias dentro de la carpeta de investigación 129198/2018 correspondiente al índice de la Agencia del Ministerio Público de la Unidad Especializada en Investigación de Homicidios con sede en San Miguel de Allende, Guanajuato, iniciada con motivo del fallecimiento de Leonardo Reyes Cayente y en un tiempo razonable se determine conforme a derecho.

TERCERA.- Gire instrucciones a quien corresponda a efecto de que, a la brevedad, se otorgue respuesta a Ma. Guadalupe Reyes Moreno, respecto a su solicitud de devolución de pertenencias de su hijo Leonardo Reyes Cayente.

ACUERDO DE VISTA

Al Secretario de Gobierno del Estado Luis Ernesto Ayala Torres:

ÚNICO.- Se instruya a quien corresponda, a fin de que se tomen medidas necesarias para reparar integralmente los daños ocasionados a los familiares director de la víctima conforme a derecho corresponda, que incluyan las medidas de restitución, rehabilitación, compensación, satisfacción y garantía de no repetición, con motivo de las irregularidades en que incurrieron los elementos de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado, en los términos que resulten procedentes, de conformidad en lo dispuesto  por la Ley General de Víctimas en el artículo décimo cuarto transitorio del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones, así como lo estipulado en la tesis aislada con número de registro 2019079.