Por Uriel Cázares

Guanajuato, Gto.- Gumesindo García Morales, especialista en Derechos Humanos por la Universidad Complutense de Madrid, en conferencia magistral, puntualizó que la justiciabilidad de los derechos sociales fundamentales, no acaban en la Constitución, sino qué, se puede apelar a los tratados internacionales, e incluso, antes que nada, a los derechos inherentes al individuo, aseguró.

Lo anterior, como parte de la conferencia magistral “La plena justiciabilidad de los derechos sociales fundamentales y las libertades políticas”, con la que el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, conmemoró el Día Internacional de los Derechos Humanos.

Puntualizó que el problema está en materia de los derechos sociales fundamentales, es decir, los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, pensados “para un sector de la sociedad en desventaja”, pero aclaró que la vulnerabilidad no solo es cuestión de dinero, ya que, a nivel estructural, una ley puede vulnerar el derecho de las personas, como la prohibición del matrimonio de personas del mismo sexo.

El Dr. García Morales, agregó, “la exigibilidad que podemos pedir ante un tribunal, también implican los derechos que no están a simple vista, como los derechos implícitos, los derechos inherentes a la persona, qué, aunque no estén reconocidos y aunque no estén implícitos en otro derecho de libertad, estos le pertenecen al individuo, y lo que prima como fundamento de cualquier institución son los atributos de la persona”, puntualizó.

De ahí, qué, enfatizó, “los derechos no se agotan en los ordenamientos jurídicos ni tampoco en la jurisprudencia, ni tampoco en las ideologías que privan en este momento histórico”.

“Cuando se trata de la justiciabilidad de los derechos, estamos en el marco de un diálogo social entre la sociedad y sus libertades”, dijo.

Durante su ponencia, en donde habló sobre los tribunales como un órgano del estado y garante de los derechos humanos, el ejercicio mismo de los derechos humanos y los problemas, puso un ejemplo que sucedió en junio de 2012, año electoral, momento en que se solicitó al entonces Consejo General del IFE, la autorización para contratar espacios en radio y televisión, para criticar a candidatos a presidencia de la república y a diputados. Y esto fue lo que pasó.

Gumesindo García, apuntó que actualmente sí hay una nueva reconfiguración de la supremacía normativa en el Sistema Constitucional Mexicano, toda vez, que en las reformas de 10 de junio del 2011, se incorporaron algunos principios del derecho internacional de los derechos humanos como: la indivisibilidad, la interdependencia, la progresividad y la universalidad.

El licenciado en Derecho por la Universidad Michoacana de San Nicolás Hidalgo, agregó que durante más de un siglo, el amparo no procedía como mecanismo judicial para defender los derechos humanos políticos-electorales, por lo que “quedaban en la desprotección, es decir,  había una estructura política nacional sistemática que impedía el acceso a los tribunales de aquellas personas que habían considerado que se violaron estos derechos humanos”.

Mientras que la consejera Sandra Liliana Prieto de León, quien preside la Comisión Contra la Violencia Política Electoral a las Mujeres del IEEG, en su intervención, dijo que “esta fecha debe servirnos para la reflexión, para que la sociedad revise si realmente las autoridades encargadas de garantizar sus derechos humanos cumplen, cumplimos con nuestra función; también para que las autoridades más allá de destacar aquello que hemos llevado a cabo, hablemos de los pendientes que tenemos por hacer, de aquellos tópicos pendientes para cumplir con nuestra función de respetar, proteger, garantizar y promover los derechos humanos”.

Mencionó sobre la efectividad en lo dispuesto en el artículo 28 en la declaración universal de los derechos humanos que establece que toda persona tiene derecho a que se establezca un orden social e internacional en el que los derechos y libertades proclamados sean plenamente efectivos.